Fundamentos jurídicos que sustentan que, considerar insubsanable la infracción de negativa a facilitar información en una actuación inspectiva de sunafil, afectan el debido procedimiento

Tanto el Tribunal de Fiscalización Laboral Peruano, como las Intendencias Regionales de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), a nivel nacional, vienen resolviendo e imponiendo multas a los sujetos inspeccionados, por la infracción a la labor inspectiva de negativa a facilitar información en una actuación inspectiva, al considerar insubsanables dichas infracciones; tal calificación resulta atentatoria al derecho al debido procedimiento del sujeto inspeccionado, en tanto parte administrada en un procedimiento inspectivo laboral, extralimitando el ejercicio del poder discrecional y desvalorando la principal función que tiene el sistema inspectivo del trabajo, que es la preventiva por encima de la sancionadora. En concreto, se ha formulado el problema de la investigación, en torno a otorgar fundamentos jurídicos que conllevan a determinar que, considerar insubsanable la infracción de negativa a facilitar información en una actuación inspectiva de SUNAFIL, afecta el debido procedimiento; ante lo cual como hipótesis se ha formulado que dichos fundamentos son: la inobservancia del derecho constitucional a la defensa del sujeto inspeccionado; el incumplimiento del derecho constitucional a ofrecer y a producir pruebas del sujeto inspeccionado; la vulneración del derecho constitucional a obtener una decisión motivada, fundada en derecho del sujeto inspeccionado; y, la infracción al principio de tipicidad, en relación a la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento. Esto ha conllevado a determinar que efectivamente sí se afecta el derecho al debido procedimiento de los sujetos inspeccionados, puesto que no se valoran los argumentos ni lo contradicho en las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa, no se permite el ofrecimiento, admisión, actuación y valoración de los medios probatorios; no se alcanzan fundamentos objetivos y razonables para calificar como tal a dichas infracciones; ni tampoco satisfacen el principio de tipicidad que es imperativo para la administración

La consulta judicial de constitucionalidad de normas, la tutela efectiva y el debido proceso

Desde el 20 de Octubre del 2008, fecha que entró en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, la concepción filosófica del Estado cambió. El auto determinante de “Estado constitucional de derechos y justicia social”, implicó algo más que enunciar un objetivo, impuso los valores como materia y contenido de los preceptos normativos, que marcan la validez del ordenamiento jurídico interno, y además, reconoce la fuerza irradiante de la Constitución sobre el infraderecho. La vinculación de la moral y la justicia en el Derecho objetivo, convierte a un Estado de Derecho positivo, en un Estado constitucional de derechos y justicia social, cuya misión es proteger los valores y principios consagrados en la Constitución, creando para ello mecanismos jurídicos que, teóricamente, permiten el cumplimiento de sus declaraciones. El control de constitucionalidad, y para el caso en estudio, el control de constitucionalidad concreto, es uno de aquellos mecanismos que defienden la hegemonía y la supremacía constitucional. El control de constitucionalidad concreto, es una herramienta apropiada para detectar normas inferiores en contradicción con las normas superiores; se activa ante la duda razonable de constitucionalidad de una norma jurídica, que esté siendo aplicada por la autoridad judicial ordinaria dentro de un caso concreto. Empero, la sustanciación de la consulta judicial de constitucionalidad de norma, exige que la causa concreta se suspenda por cuarenta y cinco días, sin resolver nada sobre lo principal (CR, Art. 428). En asuntos que litigan intereses particulares, suspender el trámite de la causa, sin resolver nada en el fondo, no representaría mayor problema, pero en las causas que ventilan derechos de personas y grupos de atención prioritaria (CR, Art. 35), cuyos bienes, por su trascendencia social, interesan a la causa pública, suspender el trámite del caso sin resolver nada de fondo, lesiona el principio de tutela judicial efectiva y del debido proceso en la garantía de defensa (CR, Arts: 75 y 75.7)

Modelo de gestión documental para el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación -ICONTEC-

Profesional en Ciencia de la Información - Bibliotecólogo (a)Pregrad

Problemática de la existencia de distintos regímenes de contratación del personal en el estado

El presente trabajo abordará temas relacionados a los diversos regímenes de contratación de personal utilizados por el Estado, los mismos que son el Régimen Público, normado por el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, así como por la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, el Régimen Privado, normado por el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo, y el antiguo Régimen de los Contratos de Servicios No Personales (SNP), quienes pasaron al régimen de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) desde junio del año 2008, régimen normado por el Decreto Legislativo Nº 1057 y por su reglamento normado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM; así como la problemática generada por la mala utilización de los mismos, en especial del antiguo régimen de SNP ahora CAS, lo que ha ocasionado desorganización en la Administración Pública, dilución del concepto de Carrera Administrativa y vulneración de derechos laborales. La hipótesis planteada en el presente trabajo se refiere a que, si la problemática generada con la coexistencia de distintos regímenes de contratación de personal en el Estado no es solucionada, la desorganización en la Administración Pública continuará y los derechos laborales de los trabajadores contratados inicialmente como Servicios no Personales y luego mediante CAS, seguirán siendo vulnerados. Las preguntas planteadas para resolver la hipótesis son las siguientes, ¿las normas de contratación de personal para laborar en el Estado fueron respetadas?, ¿tuvo sustento legal la utilización de los contratos SNP?, ¿fue el CAS la solución adecuada para regularizar la situación del personal contratado como SNP?, ¿el régimen CAS es constitucional? Con el presente estudio se tratará de demostrar la desorganización en la que se encuentra la Administración Pública, así como la evidente vulneración de los derechos laborales del personal contratado inicialmente como SNP y luego como CAS, planteando finalmente una propuesta de solución al problema. Para la elaboración del estudio se utilizará el Método Deductivo, con el que se analizará inicialmente el marco normativo existente para la contratación de personal utilizada por el Estado, se identificarán los distintos regímenes de contratación, para luego identificar los problemas generados y plantear finalmente una solución a los mismos.Tesi

La vulnerabilidad del procedimiento de contratación pública en situaciones de emergencia estudio de la aplicabilidad por parte de las instituciones públicas del artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

The Organic Law of the National Public Contracting System has established, in its article 57, the pre-contractual procedure for contracting, as required by the Ecuadorian State to urgently respond to pressing situations that might arise from unforeseen and serious circumstances including natural catastrophes, internal disturbances and accidents, among other situations that will be analyzed in this research work. Under this pre-contractual procedure, the contracting entities have been entitled to contract directly to cope with those emergency situations. Nevertheless, since the publication of the Organic Law of the National Public Contracting system, there has been considerable controversy around some emergency contractual processes applied by Ecuadorian State entities, on the basis of aforementioned article 57. Said institutions have been the object of both complaints and criticism from the media and the citizenry, in general, as well as object of post-control measures by the Comptroller General of the State (“Contraloría General del Estado.”) Consequently, this research work includes doctrine and legal analysis of this contracting concept and its application by State contracting entities. Similarly, it confronts the analysis carried out with a possible circumvention of the pre-contractual procedures that could be given place to this emergency-contracting mode.La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ha establecido en su artículo 57, el procedimiento precontractual para las contrataciones que requiera el Estado ecuatoriano para atender de manera urgente aquellas situaciones apremiantes que sobrevinieren por circunstancias imprevistas y graves, tales como catástrofes naturales, conmoción interna, accidentes, entre otras situaciones que se analizarán en el presente trabajo investigativo. Bajo este procedimiento precontractual se ha facultado a las entidades contratantes el realizar una contratación de manera directa para superar las situaciones de emergencia presentadas. No obstante, desde la publicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, han sido muchas las controversias que han girado alrededor de algunas contrataciones de emergencia que han aplicado las entidades del Estado ecuatoriano sustentadas bajo el referido artículo 57, las mismas que han sido tanto objeto de denuncias y críticas por parte de los medios comunicación y de la ciudadanía en general, así como objeto de control posterior por parte de la Contraloría General del Estado. En razón de ello, en el presente trabajo investigativo se realiza un análisis doctrinario y legal de esta figura de contratación y su aplicación por parte de las entidades contratantes del Estado, toda vez de confrontar lo analizado con una posible elusión de los procedimientos precontractuales de contratación que podría estar dando a lugar este modo de contratación de emergencia

Los Contratos por servicios no personales en la administración pública como condicionantes de la estabilidad laboral ficta

La presente investigación está relacionada con un tema de gestión pública que atañe al Derecho porque trata sobre la forma de aplicación de las normas legales, pero también porque, como consecuencia de dicha aplicación, afecta derechos fundamentales de un importante grupo de servidores públicos. Todo Estado moderno establece mecanismos para su Administración Pública sea eficiente y eficaz. Ello, significa que la Administración no sólo debe dar un buen servicio, sino también que para ello debe hacer un buen uso de sus recursos. Con la reducción de la estructura del Estado y del número de sus servidores, se esperaba, además de reducir el gasto público, contar con una administración más ágil. Esta meta no llegó a concretarse, aún cuando en octubre del 2001 entró en vigencia la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyas disposiciones han significado un verdadero avance en la protección de los derechos ciudadanos en materia de justicia administrativa.Tesi

TRIBUNAL ARBITRAL DE INDUSTRIAL CONSULTING GROUP S.A. e INDUSTRIAL CONSULTING S.A.S. VS. REFINERIA DE CARTAGENA S.A- REFICAR

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Diseño e implementación de un modelo de auditoria interna al proceso contractual del área de contratación de bienes y servicios de la Facultad Nacional de Salud Pública

RESUMEN: El proceso contractual del área de contratación de bienes y servicios de la Facultad Nacional de Salud Pública, viene desarrollando hace varios años como actividad principal, la construcción y seguimiento de contratos que se originan debido a las necesidades de los diferentes proyectos existentes en la Facultad. Para que este proceso maneje alta calidad en la gestión contractual, se vio en la necesidad de implementar un Modelo de Auditoria Interna (MAI) al periodo 2015 – 2019, según lo plantea el área de Control Interno universitario con las distintas unidades académicas de las facultades. El MAI, como proyecto de intervención en el área de contratación, se justifica como una necesidad fundamental, puesto que, no ha existido un modelo para organizar la información básica de los contratos, tampoco que evalué las necesidades contractuales de los procesos y la debida construcción de los contratos según su parte técnica y operativa. Para llevar a cabo el diseño y la implementación del MAI, se utilizó una herramienta poderosa en los proyectos de intervención, la Matriz de Marco Lógico (MML), la cual logra sus resultados y productos a través del desarrollo de los objetivos planteados para el proyecto. Dentro de la metodología del proyecto, se tuvieron en cuenta instrumentos para la recolección, procesamiento, análisis y presentación de datos. Estas herramientas, desarrollan los objetivos del proyecto a través de una serie de actividades y tareas tales como: Lista de chequeo, hoja de ruta contractual, indicadores del MAI, análisis de hallazgos conformes y no conformes, observaciones y resultados, y otra serie de actividades que se derivan de la auditoria interna. Para llevar a un mayor grado de entendimiento el MAI desarrollado en el proyecto, se utilizaron a lo largo del texto de forma organizada los diferentes temas que encierran la auditoria desde lo más general hacia lo más específico, adicionalmente, se utilizaron tablas, cuadros, figuras, anexos, cronograma y presupuesto que lograron llevar a cabo el objetivo general del proyecto

Proyecto de factibilidad: creación de una empresa procesadora de alimentos al amparo del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, con la perspectiva de aprovechar los incentivos y beneficios tributarios

Concebir al emprendimiento como un mecanismo de desarrollo, constituye un objetivo de los países que apuestan a su crecimiento económico sostenido; por lo que, establecer un entorno favorable para su ejecución en el Ecuador, requiere cumplir un ordenamiento jurídico diseñado en base al modelo económico y social propuesto por el gobierno. Para viabilizar este propósito, se promulgó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), el cual es analizado en la presente investigación desde un enfoque práctico al contemplar la posibilidad de aplicar y aprovechar los incentivos y beneficios tributarios en un emprendimiento productivo que busca crear una empresa productora y comercializadora de un snack de frutas deshidratadas y frutos secos. En este trabajo se interrelacionan la normativa tributaria y los seis estudios necesarios para el desarrollo de un proyecto (mercado, técnico, organizacional y legal, económico, evaluación financiera e impactos); por lo tanto en la presente investigación se aborda en primera instancia, el entorno económico del país y de forma sustancial la revisión del conjunto de normas de índole tributario contenidas en el COPCI en materia de incentivos y beneficios tributarios, identificando las principales reformas que mediante este cuerpo legal se introdujeron a la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación. En segunda instancia con el desarrollo de esta investigación, se visualiza entre otros aspectos que es factible en la práctica obtener resultados financieros favorables para los emprendedores, siempre y cuando los réditos obtenidos por los incentivos sean reinvertidos, que las entidades gubernamentales coordinen sus competencias y que se evite cambios constantes en la ley que ponga en riesgo su seguridad jurídica. Por último, esta investigación pretende ser una guía para que los emprendedores utilicen los incentivos tributarios que promueve el COPCI